noticia_1SE MANTIENE LA INCOMPATIBILIDAD CON EL ABOGADO
Los procuradores celebran el retiro de la Ley de Servicios Javier Sánchez denuncia que el Anteproyecto generaba un intervencionismo impropio que ignoraba la labor colegial Xavier Gil Pecharromán MADRID.
Hay una visión de que estas entidades la única labor que realizan es la defensa de los intereses de sus colegiados, de sus profesionales. Se ve a los colegios como unas instituciones del Medievo y se ignora la labor de defensa de los intereses de los ciudadanos que realizan, recibiendo las quejas y las dudas que nos plantean y gestionando servicios como el de la justicia gratuita.

Los que se percibe en líneas generales que el legislador no tiene en cuenta la labor de los colegios profesionales venimos haciendo.
Así, se manifiesta Javier Sánchez, vicepresidente del Consejo General de Procuradores y decano del Colegio de A Coruña, al referirse a los motivos por los que el Gobierno ha retirado el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a pesar de que es una de las reformas que Europa pide con insistencia a España.
El último borrador del Anteproyecto que el Gobierno elaboró en agosto de 2013, provocó la reacción hostil de los colegios profesionales, por las limitaciones a su acción que esta normativa introducía, consideradas por los profesionales como un intervencionismo impropio en la labor que estas organizaciones vienen realizando.
Régimen intervencionista Dice al respecto Javier Sánchez, que desde la fijación de la cuota que se pretende, hasta la limitaciones de mandato o injerencias en los procedimientos democráticos de los colegios profesionales, que debe decidir en cada caso con la normativa vigente la Asamblea General. Estos son ejemplos más de un régimen intervencionista que de uno de carácter liberal.
Una cosa era el texto que ha realizado el Ministerio de Economía y otra el mandato legal de la Unión Europea. Así, por ejemplo, en cuanto a las obligaciones de colegiación, es preciso cumplir el mandato de Bruselas y es necesario analizar cada una de las demás profesiones, jurídicas y no jurídicas, pero eso es una cosa y otra muy diferente la regulación de las profesiones que se ha pretendido poner en marcha, reflexiona también Sánchez.
Una de las principales novedades del decaimiento del actual texto es que se mantendrá la incompatibilidad entre el abogado y el procurador, lo que supone dejar el es Javier Sánchez, vicepresidente del Consejo General de Procuradores. EE tatus procesal tal y como está en la actualidad.
Por el Contrario, los procuradores han logrado nuevas competencias. A este respecto, el vicepresidente de los procuradores puntualiza que esa es una de las razones por las que no hemos podido combatir el tema de la incompatibilidad, ya que hemos venido centrando nuestros esfuerzos en la defensa global de la profesión.
Desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la labor del procurador la puede desarrollar cualquiera, lo que supone que puede ser asumida por los abogados mediante el empleo de las nuevas tecnologías. No obstante, en el seno de la CNMC, mediante votos particulares de algunos de los consejeros se ha asegurado que éste organismo no es competente para informar en materia de Justicia.
Por el contrario, todos los órganos consultivos en materia de Justicia, tanto en este anteproyecto como en el de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el de la Ley Orgánica del Poder Judicial han concluido que las profesiones de abogado y procurador son incompatibles. Así, el Consejo del Poder Judicial en su informe mantiene la necesidad de que la defensa técnica continúe a cargo del abogado y la representación procesal del procurador.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Voluntaria otorgan nuevas competencias al colectivo, aunque una de las más destacadas es el de las ejecuciones judiciales, que realizarán al igual que los secretarios judiciales.