noticia_5La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España porque ha incumplido el compromiso de reformar los servicios profesionales.

OBSTACULIZA LA COMPETENCIA
La paralización de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales le ha costado a España la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea. Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracción contra España porque su legislación contiene obstáculos excesivos e injustificados en el ámbito de los servicios profesionales. En un comunicado, la Comisión informó ayer de la apertura de un expediente que también afecta a Alemania, Chipre, Malta, Austria y Polonia, ya que considera que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en estos Estados son contrarios a la Directiva de servicios.

Elzbieta Bienkowska, comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, subrayó ayer que la libre prestación de servicios es uno de los pilares del mercado único. En algunos Estados miembros siguen existiendo barreras ya sea en forma de restricciones a la forma jurídica y la participación en el capital o de requisitos en materia de titulaciones o tarifas fijas que impiden que tanto sociedades como particulares presten sus servicios libremente en toda la UE.

Bienkowska alertó: Hoy no sólo estoy lanzando una advertencia; estoy enviando un mensaje de oportunidad: un mercado único de servicios profesionales dinámico conducirá a una economía europea más competitiva.
La Comisión recordó ayer sus advertencias a España sobre la necesidad urgente de que aprobara la reforma de la Ley de Servicios Profesionales, en concreto, antes del 31 de diciembre de 2014. Este proyecto ya se le quedó en el tintero al Gobierno de Zapatero en 2011. El Ejecutivo de Rajoy lo acometió con fuerza pero la oposición de los colectivos implicados lo ha parado (ver información adjunta).
El pasado enero, en una entrevista con EXPANSIÓN, el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció que la ley no iba a salir, aunque aseguró que esta decisión contaba con el aval de la Comisión: Hay una modificación del planteamiento. La Comisión La Comisión cuestiona la incompatibilidad entre abogados y procuradores Critica los aranceles de los procuradores, no necesarios y contrarios al consumidor El pasado enero, Guindos reconoció que la reforma de la Ley de Servicios no iba a salir Europea va a llevar a cabo un proceso de liberalización generalizada de los servicios profesionales, y a ese ritmo de Bruselas nos vamos a adaptar.
La Comisión nos ha comunicado que una de sus prioridades va a ser la liberalización de los colegios profesionales, y no tendría demasiado sentido que en estos momentos saquemos una ley. […] El vicepresidente Katainen me ha comunicado que ésta es una de sus prioridades.

España tendrá ahora dos meses para responder a los argumentos de Bruselas, que ayer destacó su disconformidad con los aranceles que cobran los procuradores y con la incompatibilidad que existe entre abogados y procuradores: cree que deben derogarse las tarifas mínimas obligatorias para los procuradores en España, que no son necesarias para garantizar la calidad de los servicios de los prestadores nacionales o extranjeros y privan a los consumidores de unos servicios a precios más competitivos.
A Bruselas le preocupa la legislación vigente en España en virtud de la cual determinadas actividades de los procuradores son incompatibles con las de los abogados. Esta incompatibilidad la eliminaron los primeros borradores de la norma de Economía, pero, incluso, se mantuvo en los últimos.

La Comisión también cuestiona a los Estados afectados por el expediente los requisitos excesivos en materia de participación en el capital JMCadenas Mercedes Serraller. Madrid Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Los avatares de una reforma fallida En diciembre de 2012, Economía lanzó un borrador de Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que eliminaba barreras entre arquitectos e ingenieros y permitía a cualquiera ser titular de una farmacia, que podrían situarse en cadenas y grandes almacenes.
También se acababa con las incompatibilidades entre abogados y procuradores y se exigía que de los 83 colegios de abogados actuales se pasará a 17 colegios autonómicos.
El texto levantó ampollas entre arquitectos, como la exigencia de que los profesionales deban poseer el 100% de los derechos de voto y del capital en una sociedad o que la sociedad deba tener su sede social en un territorio determinado. España permitió en la Ley Ómnibus de 2009 que entrara hasta un 50% de capital ajeno pero sí mantiene obligaciones terri farmacéuticos, procuradores y abogados, refrendados por los Ministerios de Fomento, Sanidad y Justicia, respectivamente.

El proyecto quedó parado hasta junio de 2013, cuando Economía circuló un nuevo borrador que eliminaba toda la parte de la norma que afectaba a los servicios profesionales y se centraba en los colegios. El nuevo texto no se pronunciaba sobre la obligación de mantener un único colegio por comunidad y establecía que los colegios responderían de daños toriales para las sedes, lo que la Comisión cree que puede dificultar el segundo establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios en los Estados miembros en cuestión.
En el artículo 15 de la Directiva de servicios se enumeran unos requisitos que se imponen a los prestadores de servi que causaran sus profesionales.
En agosto de 2013, Economía recuperó el proyecto de que la ley fuera de colegios y servicios, pero ligó la reforma de servicios a un momento posterior, después de crear una comisión que estudiara los cambios que afectaban a las profesiones.
En el verano de 2014 Economía volvió a intentar que el Consejo de Ministros aprobara la reforma. En enero de 2015 el ministro, Luis de Guindos, reconoció que la ley no saldrá.
cios relacionados con la forma jurídica, la participación en el capital y las tarifas. Estos requisitos no están estrictamente prohibidos, pero, según el Tribunal de Justicia de la UE, crean obstáculos en el mercado único de
servicios.
Sólo pueden mantenerse si no son discriminatorios, son necesarios y proporcionados.